La ofensiva de Sánchez contra las 'big tech' huele a muerto

Quiere que los directivos de las redes sociales asuman responsabilidades penales si no retiran contenidos de odio o ilegales. Es una vía muerta de antemano, ya le ha advertido Bruselas. Las 'big tech', protegidas en EE.UU,. por el escudo de la célebre Sección 230, solo temen las acusaciones de que consintieron la adicción de los niños a las redes conociendo ese riesgo

Imagen generada por IA.

Alberto Aguirre de Cárcer

Si quería concentrar el foco mediático en su persona, para aparecer como el antagonista de referencia frente a Trump, habrá que reconocerle al presidente español que ha logrado al menos lo primero. Buena prueba son las duras descalificaciones de Elon Musk, propietario de X, y de Pavel Dúrov, el dueño de Telegram. El primero le llamó fascista. En un post masivo a los usuarios españoles de su servicio de mensajería, el segundo le acusó atentar contra la libertad. Musk ya había reaccionado duramente contra el plan de regularización masiva de inmigrantes, pero fue la nueva regulación para prohibir el acceso de las redes sociales a los menores de 16 años, y sobre todo su iniciativa para acabar con la impunidad de los directivos digitales, lo que disparó la intensidad de las hostilidades.

Otros gobiernos europeos comparten la preocupación por el deterioro de la conversación pública en las redes sociales, a las que culpan del crecimiento de los discursos xenófobos y radicales, supuestamente porque las propias plataformas incentivan la viralidad de esos contenidos. Conscientes de las dificultades de atajar este problema mediante regulación, y de la posible reacción de Donald Trump si se dañan los intereses de las grandes tecnológicas estadounidenses, no ha existido una iniciativa de otros ejecutivos comunitarios tan decidida como la planteada por Pedro Sánchez.

El debate de fondo está desde hace años en EE UU, impulsado alternativamente, según quien gobierne, por republicanos y demócratas, sin que haya derivado por ahora en algún cambio sustancial. La clave reside en la llamada Sección 230, un artículo de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que desde hace treinta años exime de cualquier responsabilidad a las tecnológicas de los contenidos difundidos en ellas por terceros, incluso si son injuriosos o constitutivos de algún tipo de delito. De igual manera que un director de periódico en España tiene responsabilidad legal directa o subsidiaria de todo cuanto se publica en su medio, tanto impreso o digital, los dueños de las redes sociales en Estados Unidos disponen con la Sección 230 de un burladero inexpugnable. Ese artículo, a veces referido como ‘las 26 palabras que crearon Internet’, a la vez permite a las plataformas moderar los contenidos difundido por estas redes. 

La Sección 230 surgió como respuesta a varios fallos judiciales. Uno de los primeros proveedores de internet, Prodigy, empezó a moderar los mensajes de sus usuarios si los consideraba difamatorios. A raíz de una denuncia, un juez entendió que actuaban cómo los periódicos, ejerciendo un control editorial, y Prodigy fue condenada a pagar 100 millones de dólares. En otro juicio por difamación, otro proveedor, Compuserve, salió de rositas porque no ejercía moderación en sus foros. La Sección 230 surgió para resolver estos problemas judiciales inspirándose en una sentencia del Tribunal Supremo, que eximía de responsabilidad a los libreros de las obscenidades que pudieran contener los libros. Toda la responsabilidad recaía en los editores y los autores.

De ahí que en EE UU la responsabilidad penal recae en las personas o empresas que suben y comparten contenidos delictivos en las redes, nunca en los propietarios de estas plataformas. La Sección 230 es un escudo pero también puede ser una lanza, dado que permite a estas empresas efectuar una moderación de los contenidos, siempre que se haga de buena fe. 

Los demócratas han cargado contra este parapeto legal porque, dicen, habría sido el factor clave del tsunami de desinformación y odio en internet. Y los republicanos argumentan que ese mismo artículo habría permitido la censura de los postulados conservadores en la conversación pública digital. Aunque existe una propuesta para reformar la Sección 230, impulsada por representantes republicanos y demócratas de ambas cámaras, hay organizaciones sin fines de lucro que advierten de las consecuencias que podría tener su supresión para los usuarios. Es el caso de Public Knowledge, entidad que defiende la libertad de expresión y un internet abierto y accesible.  

Sus integrantes esgrimen que si las plataformas deben hacerse responsables del discurso de terceros “podrían volverse hipercautelosas al alojar cualquier cosa controvertida, especialmente el contenido que critica a personas poderosas con abogados caros y nociones expansivas de lo que constituye difamación. O, alternativamente, las plataformas podrían abandonar la moderación de contenido por completo y reclamar ignorancia de cualquier contenido difamatorio, falso o problemático en sus sitios”. 

Para Public Knowledge, bajo el precedente de la Primera Enmienda, una plataforma solo puede ser considerada responsable de las falsedades si tenía intención o conocimiento de irregularidades, creando un incentivo perverso para evitar supervisar lo que sus usuarios están publicando. Las grandes plataformas como Meta lo saben y, de hecho, se beneficiarían de un entorno regulatorio que permite a Meta gastar mucho menos en la moderación de contenido y, de lo contrario, capear las demandas de responsabilidad por el contenido de los usuarios que las empresas más pequeñas no pueden pagar. “Un win win para Meta: menos incentivo para moderar el contenido combinado con menos competidores potenciales que podrían reducir el dominio del mercado del gigante de las redes sociales”, dice esta organización. 

Como en Estados Unidos, en Europa también sería muy complicado que las grandes fortunas propietarias de estas plataformas asuman responsabilidades penales. Para empezar, Sánchez primero tendría que lograr en España apoyos parlamentarios suficientes, lo cual no está garantizado, salvo en el caso de que se plantee exclusivamente la prohibición de las redes sociales a los menores de 16 años (solo Vox se opone). El mayor de los problemas viene de la UE. El reglamento de servicios digitales, de obligado cumplimiento en todos los países miembros, no contempla esa posibilidad.

El portavoz para asuntos digitales de la Comisión, Thomas Regnier, señala que este reglamento controla la plataformas digitales, peo no fiscaliza a sus directivos. “Por lo tanto, si el director ejecutivo (de una plataforma) promueve algorítmicamente a un partido político y reduce la visibilidad de todos los demás, no se convierte en responsable”, señala Regnier en declaraciones recogidas por El País. Otro obstáculo no menos importante apuntado por Bruselas es que los países miembros no pueden imponer obligaciones adicionales a la plataformas de las ya recogidas en el Reglamento europeo de servicios digitales.

Aunque existe un mayoritario convencimiento público sobre los efectos muy negativos para las democracias de la desinformación y el odio en las redes sociales, también hay una inquietud razonable sobre cómo un gobierno decide qué constituye odio o desinformación y qué no. Sánchez habló del desarrollo de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad de la “huella de odio y polarización” de los usuarios, que gestionaría el Gobierno. No parece que Bruselas vaya a aceptar el plan del presidente, salvo que su posición fuera compartida por más países. Igual ya sabe que su plan va a durar lo que dos peces de hielo en un whisky on the rocks, que diría Sabina, y todo sea una pura escenificación estratégica de quien, en paralelo, ha multiplicado sus mensajes en las redes, desde X a TikTok. 

Solo Francia muestra cierta sintonía en esta ofensiva. La Fiscalía de París ordenó hace pocos días el registro de las oficinas de X en ese país en el curso de una investigación de Europol por una posible manipulación de los algoritmos, que favorecerían injerencias extranjeras. 

Mi impresión es que el gran temor de las ‘big tech’ no está en las nuevas regulaciones que puedan impulsar los gobiernos europeos, sino en la sucesión de juicios previstos este año en Estados Unidos. Allí se enfrentan a la acusación, basada en documentos internos de esas propias compañías, de haber provocado comportamientos adictivos y problemas mentales a menores en las redes sociales. Una ofensiva que recuerda a la sufrida por la industria del tabaco. Este será el argumento de un próximo artículo en Desde el Atico.