Luces y sombras de la regularización de inmigrantes

La regularización de medio millón de inmigrantes residentes en España viene avalada por varios informes independientes, pero suscita no pocas incertidumbres en un contexto internacional que discurre en dirección contraria y por las condiciones que se fijan para salir del limbo legal. Fracasará si se gestiona sin la fiscalización debida, como ocurrió inicialmente con el Ingreso Mínimo Vital, con el agravante de que aquí no hay vuelta atrás

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A. Aguirre de Cárcer

En pleno el endurecimiento de las políticas contra la inmigración ilegal en EEUU y en Europa, incluidos países con gobiernos socialdemócratas, Pedro Sánchez sorprendió hace pocas semanas anunciando la aprobación, por la vía del decreto, de un proceso extraordinario de regularización para otorgar permisos de residencia temporal a unos 500.000 inmigrantes irregulares que ya viven en nuestro país. La decisión pilló por sorpresa pues si bien existía una iniciativa popular en favor de la regularización, presentada dos años antes por la Iglesia y diversos colectivos sociales, su negociación se encontraba empantanada en el Congreso por la oposición de Junts y PNV. Fue, como adelantó Podemos, el fruto de un acuerdo pactado por Sánchez con la formación morada para seguir contando con su respaldo en el Parlamento.

Según avanzó el Gobierno, los inmigrantes sin papeles podrán regularizar su situación si carecen de antecedentes penales, llegaron a España antes de diciembre de 2025 y han vivido en nuestro país al menos durante cinco meses. Las solicitudes se presentarán entre abril y junio próximos. Las que sean aprobadas darán lugar a un permiso de residencia para poder trabajar durante un año, siendo autorizaciones prorrogables. Los inmigrantes que logren papeles podrán obtener además un permiso de residencia de cinco años para sus hijos. También optaran a la regularización quienes hayan solicitado asilo en España antes de diciembre de 2025. El proceso abre una vía de esperanza para medio millón de inmigrantes (Funcas calcula que la cifra total de irregulares llega en España a los 850.000), que habrían sido claves para el crecimiento de la economía española desde la salida de la pandemia.

Como era previsible, este proceso de regularización extraordinario genera división de opiniones. El Gobierno afirma, que al margen de la cuestión social y humanitaria, producirá efectos económicos positivos para el país. Se apoya en la experiencia de siete regularizaciones extraordinarias previas y varios informes académicos, entre ellos sendos estudios realizados por profesores de la Pompeu Fabra y la Carlos III. Ambos trabajos apuntan a un impacto positivo en el mercado de trabajo y las arcas públicas, con un efecto neto por migrante regularizado que oscila entre 3.300 euros y 4.000 euros por las cotizaciones a la Seguridad Social, al lograr con la legalización que aflore economía sumergida. Al mismo tiempo, el Gobierno descarta un posible efecto llamada, a la luz de algunas regularizaciones masivas anteriores, como la última acometida en 2005 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero (Ejecutivos del PP hicieron tres desde la Transición con Aznar como presidente).

Tanto la OCDE como los bancos centrales y la Comisión Europea tienen una visión optimista del fenómeno migratorio. En agosto pasado, la presidenta del Banco Central Europeo, Cristina Legarde, aseguró que la llegada de mano de obra extranjera a la zona euro no afectó negativamente al empleo y el crecimiento económico. Más bien al contrario. Los trabajadores extranjeros han representado la mitad del crecimiento de los últimos tres años. ¿Por qué entonces los temores respecto a esta regularización?

Muchos Gobiernos de la UE están convencidos, a diferencia del español, de que se producirá un efecto llamada para beneficiarse de la libre circulación por el espacio Schengen. Atribuyen la responsabilidad al propio Ejecutivo de Pedro Sánchez por proyectarse internacionalmente como un país santuario para la inmigración, aun cuando inicialmente estén acotadas las condiciones para acceder a esta legalización. Diversos informes policiales apuntan en el mismo sentido.

El profesor Joan Monras, de la Escuela de Negocio IESE y autor de un exhaustivo estudio del proceso regulatorio efectuado por Zapatero, señala que los temores por un posible incremento de inmigrantes irregulares resultaron entonces infundados, aunque como bien matiza se hicieron controles fronterizos más rigurosos y una campaña contra la contratación de irregulares. La investigación de este especialista no observó un impacto considerable en el gasto sanitario o en la demanda de educación. Tampoco en el IRPF porque la mayoría cobran el salario mínimo y no tributan. El efecto para la Seguridad Social por las cotizaciones fue de 4.000 euros por inmigrante. El Gobierno recalca que, por la experiencia acumulada, se sabe que todas las regularizaciones tienen efectos positivos. La de 2005 mejoró la integración laboral y la movilidad de las personas regularizadas, incrementó la recaudación fiscal y redujo la informalidad en sectores dependientes de mano de obra migrante, señala.

La gran diferencia, y ahí radica la inquietud de algunos expertos, es que en el primer borrador del real decreto se establecía que los inmigrantes que solicitaran su regularización debían estar trabajando en España, aunque no era necesario acreditar que se posee un contrato de trabajo, como pedía el PNV y se hizo en 2025. En un segundo borrador ahora se exige demostrar que se tiene la intención de trabajar mostrando un contrato, si bien en el caso de que sea por cuenta propia basta con una declaración responsable o con demostrar que se ha trabajado al menos 90 días a lo largo de un año durante los últimos cinco de residencia en España. El Ejecutivo insiste en que la mayoría de los beneficiarios están trabajando, pero muchos lo hacen hoy en condiciones de informalidad o precariedad administrativa. “La regularización ordena situaciones laborales ya existentes, permitiendo que ese trabajo se realice con derechos, cotización y seguridad jurídica”, dicen desde La Moncloa. La cuestión es que, en la práctica, solo se pide a los inmigrantes irregulares que muestren su voluntad de inserción laboral y para eso basta con una declaración responsable.

La capacidad para que el mercado de trabajo pueda absorber a los inmigrantes a regularizar no inquieta al Gobierno. Desde la reforma laboral, hay 800.000 personas extranjeras afiliadas más a la Seguridad Social, y casi un millón más que antes de la pandemia. En 2025, dice el Gobierno, España cerró con más de 3,1 millones de personas extranjeras afiliadas, “un máximo histórico, que representa ya el 14,1% del total de cotizantes”.

Es verdad que, como se ha observado por la creación de empleo en 2025, sectores como la hostelería, la construcción y la agricultura siguen demandando mano de obra y tendrían capacidad para absorber las contrataciones de inmigrantes legalizados. Pero al no ser condición sine qua non disponer de empleo, como hizo Zapatero en 2005, podríamos encontrarnos en un año con un número indeterminado de inmigrantes solicitando el ingreso mínimo vital, que según el numero de hijos supera en cuantía al salario mínimo, no tributa y reporta medicamentos sin ningún tipo de copago. Una situación que podría prolongarse en el tiempo porque no hay limitación temporal para el IMV y no se exige al beneficiario la búsqueda de trabajo. Tampoco ofrece demasiadas garantías las condiciones impuestas en materia de antecedentes penales, pues bastaría con una declaración responsable si el país donde vivieron durante los últimos cinco años no aporta el correspondiente certificado.

Las Fuerzas de Seguridad han expresado sus dudas e inquietudes sobre este proceso. Un informe de la Comisaría General de Extranjería señala la existencia de relevantes riesgos asociados. En contra del criterio del Gobierno y el mundo académico, la Policía sí cree que existe efecto llamada. Las redes de tráfico de personas ya estarían moviendo el anuncio español por redes sociales en otros países y generando un mercado negro de documentos falsos. Como sostienen otros países miembros de la UE, afirma este informe policial, la política migratoria española estaría incentivando el desplazamiento de extranjeros para aprovecharse de esta medida o de otras similares que pudieran llegar en el futuro. El temor de que sea un coladero para delincuentes claramente preocupa a las Fuerzas de Seguridad.

El Gobierno asegura que el proceso de tramitación de las solicitudes está muy acotado temporalmente precisamente para impedir ese efecto llamada, pero quienes trabajan en los servicios de extranjería temen un aluvión de peticiones que deberán examinarse con un personal muy ajustado y en muy poco tiempo. Mal asunto si se repite lo que ocurrió con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una de las grandes apuestas del Gobierno de Sánchez. Inicialmento, el aluvión de peticiones del IMV se aplicó a la carrera, sin la debida fiscalización y con una deficiente coordinación con los servicios sociales de los ayuntamientos, dando por buenas muchas solicitudes tramitadas erróneamente que luego hubo de reclamarse a muchos beneficiados desde las direcciones provinciales del INSS. Como el número de IMV que se concedían estaba muy por debajo de los objetivos anunciados por el Gobierno, las condiciones se fueron relajando para alcanzar un mayor número de beneficiarios posibles hasta el punto de que, para poder acceder al ingreso mínimo vital, ya no se pide ni un solo año de cotización. Inicialmente se pedían dos. Ahora no es necesario haber trabajado nunca en España para recibir este ayuda.

La regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes irregulares es una decisión política acertada. Con su aplicación es posible sacar a personas de situaciones de irregularidad laboral donde corren el riesgo de ser explotadas y ver vulnerados sus derechos. Al mismo tiempo genera efectos fiscales y en el mercado laboral que son positivos. Pero su aplicación podría ser contraproducente si esa regularización está mal diseñada o gestionada. No ha habido oportunidad para un debate en profundidad de una decisión de gobierno importante que, una vez más, se implanta por la vía del real decreto. Si se repite la historia del IMV, y nos encontramos a finales del proceso de regularización con una cifra muy alejada de la perseguida por el Gobierno, no es descartable que vuelvan a producirse la misma falta de control y fiscalización en la regularización de los inmigrantes irregulares. En este caso, no habrá vuelta atrás.

El declive de demográfico por el descenso en picado de la natalidad está provocando un cambio sustancial en la población española.

Como bien recuerda el profesor Monras, pasaremos de 49,4 millones de habitantes a 54,6 millones en 2074, con una tasa de extranjeros que subirá del 18% actual al 39% en cincuenta años. Y eso puede producir puntos de congestión económica que pueden suponer una presión adicional en los servicios públicos, señala. Cuanto más controlado y ordenado sea el fenómeno migratorio menos riesgos correrá el conjunto del país. En palabras del periodista Thomas Friedman, necesitamos muros altos y una puerta grande para encauzar el fenómeno migratorio.