Campeones en renovables, pero naufragando con la electrificación

Sánchez acierta con su apuesta por el veloz despliegue de las renovables, pero falla en la electrificación de la economía. Cerca del 90% de la capacidad de acceso a la red (en el caso de la distribución) ha sido otorgada a promotores que, hasta la fecha, no han hecho un uso efectivo de la misma, en muchos casos porque buscan un acaparamiento de la demanda con fines especulativos

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A. Aguirre de Cárcer

El decreto aprobado por el Gobierno para paliar los efectos económicos del conflicto desatado en el Golfo Pérsico, tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta militar de la república islámica, tiene un alcance y una lectura que va más allá de las rebajas fiscales temporales al precio de los carburantes, la luz y el gas, o las ayudas a los agricultores y transportistas para la adquisición del gasóleo profesional. El extenso decreto que deberá ser convalidado la próxima semana por el Congreso de los Diputados, además de medidas urgentes para amortiguar el impacto económico de la guerra en la factura energética de ciudadanos y empresas, recoge reformas normativas destinadas a impulsar la electrificación de nuestro país, campeón europeo en generación de energías renovables pero con una dependencia todavía elevada de los combustibles fósiles. Como el propio decreto reconoce, nuestra dependencia exterior alcanza entre el 60% y el 70% del consumo energético, de forma especialmente acusada en el transporte, determinados procesos industriales y la climatización de edificios.

Cuando el presidente Pedro Sánchez dice que España es el país europeo mejor preparado para encajar los efectos económicos de la guerra, porque el precio de la electricidad, gracias a las renovables, es mucho menor hoy que en las grandes potencias europeas, no miente en absoluto, pero solo se detiene en una parte de la historia. Un día antes de la aprobación del decreto, Sánchez afirmó en Bruselas que el precio de la electricidad que pagaron el 14 de marzo los españoles era siete veces menor que en Italia, Alemania y Francia. Mientras que el precio por megavatio hora fue de 14 euros en España, en esos otros tres países era de más de 100 euros. El presidente recordó acertadamente que los españoles están sufriendo un menor impacto por la subida del gas como consecuencia de disponer en la actualidad de electricidad que en un 65% procede de fuentes de generación renovables. “Esto no es por casualidad, es porque ha habido una apuesta consistente del

Gobierno durante los últimos ocho años que nos han hecho estar a la vanguardia del despliegue de las renovables, por tanto ganando en autonomía estratégica”, aseguró el presidente.

Sus palabras son corroboradas por analistas independientes del sector energético. Un informe de la consultora británica Ember destacó hace solo unos días que los países con menor dependencia del gas, cuyo precio subió un 50% en Europa por efecto de la guerra en el Golfo Pérsico, están menos expuestos a los precios de la electricidad. El gas, que es la última energía que entra en nuestro sistema eléctrico, marcando el precio final de la factura que pagamos, solo incidió en el 15% de las horas desde el inicio de 2026. En Italia, mucho más dependiente del gas, éste marcó el precio final para los usuarios en el 89% de las horas, con el consiguiente impacto negativo en la factura para el ciudadano. España, Portugal, Francia y los países nórdicos son los países menos afectados por los efectos de la guerra, con Alemania, Italia, los Países Bajos y Bélgica pagando en la primera semana de marzo los precios por la energía más altos de todo el año.

Esta acertada apuesta de España por las renovables fue destacada también hace unos días por Financial Times, quien apuntó, al igual que hizo The New York Times, que una parte del menor impacto ha sido fortuito y circunstancial, debido a que el tiempo meteorológico de los últimos meses trajo vientos favorables para la eólica y un tren de borrascas que llenó los embalses de las centrales hidroeléctricas. De hecho, hasta el 20 de marzo, el 22% de la energía generada en España era hidráulica. Por volumen de generación le siguieron la eólica (19,7%), la fotovoltaica (17,3% sin contar el autoconsumo) y la nuclear (15,9%). Las circunstancias meteorológicas nos han favorecido hasta ahora. Veremos qué sucede el resto del año. Según las estimaciones citadas por Financial Times, el precio de la electricidad en España alcanzará 66 euros por megavatio hora el resto del año, casi cinco veces más que lo que costó el sábado 14 de marzo, aunque todavía sería la mitad de lo que se pagaría en Italia. El New York Times también recordaba cómo el modelo español se benefició de un invierno húmedo y atmosféricamente turbulento. De hecho, durante el conjunto del primer semestre del año pasado, el precio de la electricidad fue menor en Francia, que saca rédito de su energía nuclear, de bajo precio y estable en su aportación al mix, independientemente del tiempo meteorológico.

Al margen de estas puntualizaciones, que son relevantes para el análisis, es evidente que el Gobierno español de Pedro Sánchez acierta en su apuesta por las renovables (aunque me parece discutible su decisión de postergar la energía nuclear con un calendario de cierre ya programado). La potencia instalada de energía solar fotovoltaica y eólica ha pasado de unos 48 GW en 2018 a más de 95 GW en 2025. Gracias a que las renovables suponen ya más del 60% del mix eléctrico nacional, la influencia del gas natural en la formación del precio de la electricidad se ha reducido notablemente y se ha logrado disminuir las importaciones de gas por valor de 13.500 millones de euros entre 2020 y 2024, según el Gobierno. El camino es efectivamente el correcto, pero aún así resulta insuficiente la velocidad de transición porque, como apuntaba líneas arriba, España sigue siendo muy dependiente del gas en el transporte, la industria y la climatización de edificios, lo que hace que los hogares y las empresas sigan expuestos a las consecuencias de los conflictos geopolíticos que alteran los mercados internacionales de combustibles fósiles, como las guerras de Ucrania e Irán.

España saca muy buena nota en generación de energía, pero no logra aprobar en materia de electrificación, cuyo retraso es evidente pues salta a la vista observando la escasez de puntos de recarga para vehículos en las calles y carreteras españolas. De ahí que el decreto aprobado por el Gobierno incluya nuevas medidas urgentes para, además del despliegue de las energías renovables, acelerar la electrificación de la economía, especialmente en esos ámbitos (climatización, transporte e industria) donde todavía la dependencia del gas es alta. Hay previstas, por ejemplo, medidas fiscales para extender la utilización de paneles solares y bombas de calor en los hogares, entre otras.

En el ámbito industrial es fundamental garantizar el acceso ágil a la red, lo que no se está produciendo al ritmo necesario. Como reconoce el propio decreto del Ejecutivo, atraídos por los menores precios de la energía son numerosos los proyectos y las inversiones previstas en nuestro país que, sin embargo, se encuentran atascadas. Se trata de proyectos para la fabricación de combustibles renovables, movilidad eléctrica, almacenamiento energético y centros de datos para la inteligencia artificial. Proyectos que no están logrando ese acceso ágil a la red eléctrica por una saturación de la gestión administrativa y la propia capacidad de la red, a lo que hay sumar un sistema de  admisión y tramitación que favorece los movimientos especulativos.

Básicamente, el acceso a la red eléctrica está regulado por un decreto de 2013, modificado en 2024, que se basa en el criterio de prelación temporal, de modo que se tramitan y se otorgan en función del orden en que se reciben las peticiones. En su decreto, el Gobierno pone en negro sobre blanco las consecuencias negativas de este criterio establecido por un Gobierno del PP pero que los de Pedro Sánchez no han logrado corregir desde 2018: “El sistema de otorgamiento por pura prelación temporal y el relativamente bajo coste asociado a la solicitud ha favorecido la aparición de un fenómeno de acaparamiento del acceso para demanda, en ocasiones con fines especulativos, que ha provocado una congestión administrativa de la red: es decir, cerca del 90% de la capacidad de acceso a la red (en el caso de la distribución) ha sido otorgada a promotores que, hasta la fecha, no han hecho un uso efectivo de la misma”.

La autocrítica no se queda ahí. “Esto supone una importante ineficiencia económica, pues los proyectos titulares de los permisos no son necesariamente ni los más viables o maduros ni los más beneficiosos para el país, e impiden el desarrollo de otros consumos más ciertos, maduros y con mayores impacto industrial, energético o socioeconómico”, dice el decreto. El Ministerio de Transición Ecológica reconoce que las medidas correctoras adoptadas hasta ahora no han sido suficientes. No lo han sido ni la exigencia de garantías económicas ni la prohibición de cambios en la actividad asociada al punto de consumo o la regulación de concursos cuando varios proyectos compiten por un mismo acceso. También se adoptó en 2023 la caducidad de los permisos que no se materialicen al cabo de cinco años, pero esa medida no se materializará hasta 2028.

Para combatir los movimientos especulativos y lograr al aprovechamiento de la red existente por verdaderos proyectos de electrificación, el decreto introduce nuevas medidas, como un pago anticipado por el peaje de conexión y la caducidad automática en caso de impago, entre otras. El Ministerio espera que en un tercio de los nudos acabe aflorando más capacidad de conexión de la red, uno de los lastres que estaban denunciando las comunidades autónomas como principal obstáculo para el desarrollo de sus planes industriales. Asimismo, el Ministerio se compromete a iniciar en tres años un nuevo plan de desarrollo de la red eléctrica, con independencia de la capacidad de conexión que pueda surgir para nuevos proyectos tras la purga de los claramente especulativos y los fallidos por distintas causas.

Otra cuestión que no es menor es la estabilidad de la propia red eléctrica, donde el Gobierno también ha tenido que tomar medidas correctoras tras el apagón histórico. Y más que deberá adoptar si tiene en consideración las recomendaciones del informe independiente europeo sobre las causas de la estrepitosa caída a cero de la red. Un análisis que apunta a causas sistémicas, algunas de orden normativo. Por ejemplo, hasta que sucedió el apagón, la normativa vigente no incluía una regulación sobre cómo controlar las oscilaciones de la tensión en la red. Esto ya estaría en vías de solución.

En líneas generales, hay motivos para concluir que la apuesta energética del Gobierno, con algunas salvedades, está bien orientada, pero al mismo tiempo se aprecia mucho más margen de mejora en materia de electrificación, donde no cabe sacar pecho. Es lamentable que la apuesta por la transformación energética de España está siendo aprovechada por los especuladores, cosa que por cierto podría ocurrir con la rebaja fiscal de los carburantes. Es un principio conocido de la economía, desde que se acuño en 1991, que los precios de la gasolina suben como cohetes, cuando se encarece el barril de crudo, y bajan como plumas, cuando desciende el precio del petróleo. Esos movimientos especulativos van a ser vigilados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y castigados con duras sanciones. Veremos qué sucede.